Por estas horas se define la postura.
La Intendencia de Río Negro evalúa remitir a la Justicia el expediente administrativo que investigó presuntas irregularidades en el otorgamiento de libretas de conducir en San Javier, luego de que la Junta Departamental no aprobara la solicitud de destitución de un funcionario involucrado en el caso. En declaraciones al programa Código QR de Multimedios Rincón, el secretario general de la comuna, Walter Cardozo, sostuvo que una de las posibilidades que maneja el Ejecutivo es dar intervención a la Justicia, al entender que las irregularidades detectadas y la presunta intencionalidad en su realización ameritaban la máxima sanción prevista en el Estatuto del Funcionario Municipal.
Cardozo afirmó que, a juicio de la administración departamental, no se trató de errores por descuido, sino de una conducta intencional al omitir controles y requisitos establecidos por la normativa para la expedición de documentos públicos. Por ese motivo, explicó, se solicitó a la Junta Departamental la venia para proceder a la destitución del funcionario.
El jerarca también señaló que durante la investigación se analizó la situación generada por el ciberataque sufrido por la Intendencia de Paysandú, que durante dos meses afectó la realización de diversos trámites en ese departamento. Sin embargo, remarcó que esa circunstancia “no es la causa de los errores del proceso” detectados en Río Negro.
Por su parte, el intendente Guillermo Levratto defendió la actuación de la administración departamental en el desarrollo de la investigación. Sostuvo que el procedimiento fue “garantista”, ajustado a derecho y respaldado por informes técnicos elaborados por el Ejecutivo.
Al referirse a la decisión de la Junta Departamental de no acompañar la solicitud de destitución, Levratto consideró que los 15 ediles de la bancada oficialista que rechazaron la medida adoptaron una postura política, por encima de la valoración técnica realizada en el expediente.
Levratto insistió en que el sumario administrativo detectó omisiones reiteradas de procedimientos obligatorios para la expedición de licencias de conducir. “Hubo procesos que fueron vulnerados”, afirmó, agregando que la procedencia de los trámites “vinieran de Paysandú o de la China no importa”, ya que lo relevante es que existían requisitos legales que debían ser controlados y que, según surge de la investigación, fueron omitidos de manera continua.
